Amnistía Internacional (AI) celebró hoy la resolución del fiscal superior de Perú que ordena formalizar una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori y miembros de su gabinete por su presunta responsabilidad en la esterilización forzada de mujeres durante su gestión (1990-2000).
"Este hito histórico en la búsqueda de justicia se da gracias a la valentía de las víctimas que vienen denunciado desde hace más de quince años estas violaciones a los derechos humanos, y a las organizaciones que las han acompañado," dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
"Ahora se debe avanzar en garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación a las miles de víctimas de esterilizaciones forzadas sin más dilaciones", abundó.
Amnistía señaló en un boletín que durante los años noventa, aproximadamente 200.000 mujeres peruanas, en su mayoría indígenas, fueron esterilizadas en un programa de planificación familiar.
De acuerdo con AI, existen sólidos indicios de que el personal médico recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y que, en la mayoría de casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.
Además, refirió, muchas no recibieron los cuidados posoperatorios adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas murieron.
"Nos alegra que se haya escuchado nuestro pedido de justicia. Queremos reunirnos con el presidente (Martín) Vizcarra para que tengamos finalmente reparaciones por este mal que nos han hecho", dijo Inés Condori, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Esterilizadas Forzadas de Chumbivilcas, citada en el boletín.
El 25 de abril, la ONG Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, defensora de la víctimas, informó que el fiscal superior de Perú, Luis Landa, ordenó denunciar al expresidente Fujimori ante el Poder Judicial por el caso de las esterilizaciones forzadas.
